sábado, 3 de julio de 2010

El Gobierno quiere poner freno a los colegios concertados

  MACRO/VIDA
Les retirará las subvenciones si no garantizan la escolarización de alumnos con dificultades

V.V. en ElPlural.com
El Gobierno quiere poner límites a la escuela concertada y conseguir que en ella se integren niños con dificultades, inmigrantes y otros colectivos marginales que actualmente acuden en su mayoría sólo a colegios públicos. Para ello, el Ministerio de Educación está preparando un real decreto que impedirá que los centros concertados abusen de los fondos públicos con los que el Estado los sostiene. Ángel Gabilondo quiere dotar de más recursos a los centros que pongan facilidades a la escolarización de alumnos con dificultades para que el reparto sea equitativo con el de las escuelas públicas.
Según informa Público, actualmente un 90 por ciento de los alumnos con dificultades, es decir, inmigrantes, discapacitados, o procedentes de minorías étnicas o culturales, acuden a clase en colegios públicos. Los centros concertados (pagados por el Estado, pero de gestión privada), evitan escolarizar en sus centros a este tipo de alumnado, y eso es algo con lo que el Ministerio de Educación está dispuesto a acabar.

Recursos y alumnos con necesidades específicas
Para ello, el Gobierno tiene previsto lanzar después del verano un decreto ley que establezca “los aspectos básicos a los que deben someterse los conciertos educativos” según el Plan de Acción 2010-2011 que el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, presentó este miércoles en el Congreso. El ministro apuntó que el Ejecutivo quiere “dotar de más recursos a aquellos centros que escolaricen a un mayor número de estudiantes con necesidades específicas”.

"Escolarización equitativa" entre públicos y concertados
La nueva normativa pretende “asegurar la escolarización equitativa” de los alumnos con dificultades “entre todos los centros educativos públicos y concertados”. Algo que no ocurre en la actualidad, ya que son los colegios públicos los que se hacen cargo de este tipo de niños, mientras que los concertados evitan aceptarlos en sus aulas. Esta realidad ha sido denunciada constantemente en los últimos años por la comunidad docente, que vincula el creciente deterioro de la escuela pública con la obligación de esta de asumir casi a la totalidad de los alumnos problemáticos.

Ya no cumplen con su función
Gabilondo aseguró que a partir de ahora los centros concertados tendrán que hacer los deberes si quieren seguir estando mantenidos por el dinero del Estado, y denunció que este tipo de colegios han dejado de cumplir la función para la que han sido creados: llegar de manera subsidiaria donde no llega la educación pública. Sin embargo, en muchas regiones, especialmente en las gobernadas por el PP, el número de concertados se ha multiplicado en detrimento de los públicos, y en muchos casos los gobiernos regionales dan la titularidad de los centros a organizaciones y empresas ultracatólicas que llegan incluso a dividir la educación del alumnado por sexos, algo con lo que no comulga el ministro.

IU quiere que desaparezcan
IU ha llegado incluso a pedir que se elimine por completo la figura de los centros concertados porque, a su juicio, entran en competencia desleal con la escuela pública. En el extremo opuesto, el PP reclamó el derecho de los padres de elegir un centro concertado que, dijeron, debe ser subvencionado al amparo de la libertad de enseñanza que garantiza la Constitución.

"Favorecer la libertad de elección"
El Plan de Acción del Ministerio no llegará tan lejos y no garantizará por ley, como reclamaba el PP, el derecho de elegir un centro determinado, pero si obligará a “favorecer la libertad de elección de las familias”, sea cual sea el perfil del alumando.

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