ElPaís.com, Editorial
La corrupción en el PP valenciano no hace distingos entre campistas y zaplanistas
Mariano Rajoy se ha visto obligado a aplicar el elemental principio de precaución en sus relaciones con Camps: ha pospuesto su decisión sobre la candidatura del presidente de la Generalitat valenciana en las próximas elecciones autonómicas hasta ver en qué queda su situación procesal por el asunto de los trajes. El trato de favor del partido a Camps respecto de otros imputados en el caso Gürtel persiste, pero la espera viene aconsejada por el alto riesgo que corre el político valenciano de sentarse en el banquillo ante un jurado popular.
De no haber actuado así Rajoy, habría sido tan imprudente su actitud como clamoroso ha sido su silencio ante el nuevo foco de corrupción de miembros de su partido descubierto en la Vega Baja (sur de Alicante), en relación con la adjudicación de contratas públicas de recogida y tratamiento de basuras. La investigación judicial viene de 2007, pero ha adquirido una dimensión inesperada con la implicación del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, y de tres concejales del PP de Orihuela y otros tantos empresarios, uno de ellos señalado por el juez del caso Gürtel en Madrid como uno de los financiadores de actos electorales del PP valenciano en contraprestación por contratos públicos obtenidos a través de Orange Market.
Que entre los implicados figure Ripoll, alineado con los zaplanistas en la vieja pugna por el poder que mantienen los seguidores de Zaplana y los del actual presidente de la Generalitat valenciana, ha añadido relevancia política y mediática al caso. Se ha puesto de manifiesto que las prácticas corruptas en las instituciones que gobierna el PP en la Comunidad Valenciana no hacen distingos entre campistas y zaplanistas y que el nuevo foco de corrupción en Alicante se añade al que protagoniza Fabra en Castellón o al de la trama Gürtel en Valencia.
Eso es lo que debería preocupar a la dirección nacional del PP, en lugar de crear dudas sobre la actuación de la Policía Judicial en la legítima búsqueda de pruebas en registros de domicilios y despachos de los implicados, incluido el presidente de la Diputación alicantina. Como no puede ser de otro modo, la policía ha actuado en el marco de una investigación judicial sobre posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y encubrimiento, y a las órdenes del juez que instruye el caso y del fiscal anticorrupción que impulsa la investigación. ¿Qué pretende el PP implicando a Rubalcaba en todo esto?
El extraño comunicado emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, en sí mismo confuso además de inoportuno, solo ha servido -quizá era ese su objetivo- para alimentar la ceremonia de la confusión pretendida por el PP. De haber dudas fundadas, y no inventadas, sobre la actuación policial, el órgano indicado para aclararlas sería el fiscal anticorrupción de Alicante. Si las tienen los implicados, tendrán ocasión de solventarlas en su comparecencia ante el juez.
El Tribunal de Valencia atiza la crítica del PP por los arrestos de Alicante
http://www.elpais.com/articulo/opinion/Gurtel/otros/elpepuopi/20100708elpepiopi_1/Tes
De no haber actuado así Rajoy, habría sido tan imprudente su actitud como clamoroso ha sido su silencio ante el nuevo foco de corrupción de miembros de su partido descubierto en la Vega Baja (sur de Alicante), en relación con la adjudicación de contratas públicas de recogida y tratamiento de basuras. La investigación judicial viene de 2007, pero ha adquirido una dimensión inesperada con la implicación del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, y de tres concejales del PP de Orihuela y otros tantos empresarios, uno de ellos señalado por el juez del caso Gürtel en Madrid como uno de los financiadores de actos electorales del PP valenciano en contraprestación por contratos públicos obtenidos a través de Orange Market.
Que entre los implicados figure Ripoll, alineado con los zaplanistas en la vieja pugna por el poder que mantienen los seguidores de Zaplana y los del actual presidente de la Generalitat valenciana, ha añadido relevancia política y mediática al caso. Se ha puesto de manifiesto que las prácticas corruptas en las instituciones que gobierna el PP en la Comunidad Valenciana no hacen distingos entre campistas y zaplanistas y que el nuevo foco de corrupción en Alicante se añade al que protagoniza Fabra en Castellón o al de la trama Gürtel en Valencia.
Eso es lo que debería preocupar a la dirección nacional del PP, en lugar de crear dudas sobre la actuación de la Policía Judicial en la legítima búsqueda de pruebas en registros de domicilios y despachos de los implicados, incluido el presidente de la Diputación alicantina. Como no puede ser de otro modo, la policía ha actuado en el marco de una investigación judicial sobre posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y encubrimiento, y a las órdenes del juez que instruye el caso y del fiscal anticorrupción que impulsa la investigación. ¿Qué pretende el PP implicando a Rubalcaba en todo esto?
El extraño comunicado emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, en sí mismo confuso además de inoportuno, solo ha servido -quizá era ese su objetivo- para alimentar la ceremonia de la confusión pretendida por el PP. De haber dudas fundadas, y no inventadas, sobre la actuación policial, el órgano indicado para aclararlas sería el fiscal anticorrupción de Alicante. Si las tienen los implicados, tendrán ocasión de solventarlas en su comparecencia ante el juez.
El Tribunal de Valencia atiza la crítica del PP por los arrestos de Alicante
http://www.elpais.com/articulo/opinion/Gurtel/otros/elpepuopi/20100708elpepiopi_1/Tes
