viernes, 18 de febrero de 2011

Más sobre Niños robados

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LUIS SEGOVIA LÓPEZ 

 Recientemente se han denunciado más de 200 casos de venta de niños a terceros que a sus madres les dijeron que habían nacido muertos, falsificando los correspondientes documentos y certificados. Durante la guerra civil y en la posguerra, las autoridades franquistas arrebataban los hijos a las madres republicanas procesadas o en la cárcel y los entregaban a familias adictas al régimen. Más tarde se continuó como un negocio hasta los años 80, en el que estaban involucrados médicos, enfermeras, monjas e intermediarios que vendieron a miles de niños a personas que pagaban entre 100.000 pesetas y 1 millón.
Ya existía una previa denuncia en el caso víctimas del franquismo, que llevaba el juez Garzón, en el que se incluía la desaparición de niños y sus falsas adopciones, con el resultado que todos conocemos: archivo y la expulsión de la carrera del juez,  lo que  recuerda a Quevedo cuando dijo aquello de que es "señal mortal para un reino que el hacer justicia sea un delito".
En el aspecto civil y criminal habría que distinguir entre los supuestos de adopción y los de usurpación de estado o suposición del parto para escribir a los hijos como propios y no adoptivos. Hasta el año 1981 podía una madre entregar directamente a sus hijos en adopción con o sin precio, y no se consideraba abandono si lo hacía a una persona que procurara cuidado del niño, o  para entregarlos a las inclusas para su posterior adopción. Con la reforma del año 1981 de la legislación civil se impidió que los particulares pudieran entregar sus hijos en adopción, únicamente correspondía a la administración pública en virtud de expediente y declaración de capacidad para adoptar de aquellas personas que estaban en una lista ordenada por la propia administración. Por lo que ya no es posible la adopción entre particulares.
 Siempre ha constituido un delito grave la usurpación del estado civil, ya sea por la fuerza quitándoselo a una madre, o voluntariamente, inscribiéndolo como hijo propio, no ya como adoptivo. Se considera por la doctrina que estos delitos no prescriben, es decir, que cualquiera que sea el tiempo transcurrido pudieran perseguirse tales delitos, ya que  al adjudicar un falso estado civil han usurpado la filiación del niño, por lo que mientras no se recupere el estado civil, se está cometiendo continuamente el delito, uno de los más execrables que pudieran cometerse. Y a diferencia de los casos de adopción en que los padres adoptivos pueden desconocer los hechos delictivos, en el caso de usurpación del estado civil necesariamente han tenido que ser coautores o cómplices. Se habla de que son más de 100,000 casos de los niños robados en toda España, pero el ministerio fiscal ha considerado que no se hizo por el mismo grupo delictivo ni con unidad de propósitos por lo que no debe conocer la Audiencia nacional sino los tribunales del lugar donde se cometieron estos atropellos, aunque se ha nombrado un único fiscal coordinador para todos estos supuestos. Se precisa una intensa investigación recogiendo documentación, testigos y pruebas periciales de ADN. Y un problema que se va a plantear, como ya sucedió en Argentina, es la reacción de las personas que descubren que sus padres los adoptaron ilegalmente y los sustrajeron de sus madres biológicas. Algunos no querrán investigar más, otros perdonarán a sus padres adoptivos, y por último, otros  los repudiarán por el acto tan cruel e injusto que cometieron contra sus verdaderas madres. Terrible dilema moral.

http://www.diarioinformacion.com/opinion/2011/02/18/ninos-robados/1096459.html

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