Lo llaman Justicia, pero no lo es

De Público.es, La Trinchera Digital


Un Estado democrático tiene la obligación de eliminar cualquier obstáculo legal y facilitar todos los medios económicos necesarios para que los familiares de las víctimas de una dictadura puedan encontrar a sus muertos, darles sepultura e investigar qué ocurrió para que terminaran en una cuneta. Esta afirmación es tan de sentido común, que parece imposible que genere cualquier tipo de polémica pública. Pero España, en muchas cosas, sigue siendo diferente. Aquí hay una parte de la derecha, que ocupa importantes parcelas del poder político, mediático y judicial, instalada en el sectarismo más cerril. Un sectarismo que le permite defender, impasible el ademán, que no hay necesidad alguna de enterrar dignamente a los muertos. Los muertos de los demás, claro.

España sigue siendo diferente porque aquí no ha existido una comisión de la verdad, aquí no se ha juzgado a quienes cometieron crímenes contra los derechos humanos, aquí no se ha reparado la memoria de las víctimas. Y, para cerrar el círculo del despropósito, cuando a un juez se le ha ocurrido iniciar esa investigación de los crímenes franquistas, resulta que termina en el banquillo acusado por la misma organización falangista que participó en el genocidio. ¡Cómo no van a estar perplejos desde Nueva York hasta Sidney!

El resultado no puede ser más desolador: desactivada la causa iniciada por el magistrado Baltasar Garzón, la mayoría de los jueces locales están archivando las denuncias sin tomarse ni siquiera la molestia de investigar los crímenes. Lo llaman Justicia, pero no lo es.

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