Mis muertos, un derecho

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ARTÍCULOS DE OPINIÓN


RAFAEL FERNANDO NAVARRO

25/04/2010

Durante muchos años España no fue España. Fue una cuneta inmensa donde un régimen abandonaba los muertos, sembrando angustias, tatuando el dolor de los que quedaron vivos. España fue una tapia grande de cementerio, una pared sitiada cada amanecer, chorreada de sangre rebelde, de mujeres preñadas de esperanza, de jóvenes tronchados. Cayeron poetas y campesinos, madres de pañuelos en la cabeza y muchachas de muslos blancos. Se disparó contra las ideas, contra la fidelidad, contra la altanería limpia que enarbolaba derechos. Y después nacimos los de la dictadura, con lazos negros, con lutos injertados, con una tristeza infinita. Y así vivimos. Con la libertad arrinconada en los sótanos del alma sin poder airearla en los balcones de la vida. Con la alegría fusilada contra un muro de cuarenta años.

La derecha española se niega a condenar el golpe militar del 36. No se puede –argumenta- levantar de nuevo la polvareda que obnubiló a España durante una contienda que estalló hace setenta años. No es conveniente condenar la dictadura porque es historia pasada de España y hay que mirar al futuro.

Los muertos son un derecho. Y una infamia el olvido olvidado de esos muertos. Cada cadáver perdido en el tiempo es una bala certera en la memoria. Es reinventar las tapias y las cunetas. Los muertos son un derecho como el aire, las flores o las olas. Los muertos son un derecho porque constituyen –ellos sí- parte de nuestra historia actual.

La democracia la concebimos, mientras luchábamos por su llegada, como una reconciliación con nosotros mismos. Todos podríamos en adelante habitar en la plaza grande de la palabra, del derecho, de la libertad. Para eso era necesario entroncar con nuestros muertos, reivindicar las raíces. No hemos nacido de nadie. Ellos parieron la posibilidad de vivir la anchura de una libertad conseguida con sangre aunque en sangre pretendieron ahogarla. Franco venció a unos pocos, pero no pudo con la historia. Y en la historia están ellos como hechura primordial, como arranque primigenio, como dato protomártir.

Negar esta memoria es renunciar a las raíces, desentenderse de la paternidad de nuestro presente, renunciar a la madre sangre que nos engendró a todos. Apostatar del ayer es condenarnos a una orfandad infame. No sentirnos hijos de nadie es prostituir nuestro pasado.

La memoria nos purifica históricamente de esa lacra que cayó sobre nosotros durante cuarenta años. La dictadura hizo de sus muertos un glorioso presente: calles, plazas, monumentos, estatuas y el recuerdo de todos los caídos por Dios y por España a la entrada de las Iglesias.

Es hora de que los vencidos rescatemos nuestros muertos y le demos calor de albergue. Ellos, los acostumbrados a cunetas y tapias blancas, a intemperies de escarcha y viento, merecen el cobijo de un nicho acunado de nanas tibias y manos enlazadas. Los de la voz fusilada al amanecer exigen el grito que condene al verdugo. De lo contrario el dictador no sólo habrá conseguido destruirlos a ellos sino que habrá logrado acallar a los hijos legítimos de la sangre.

Los muertos son un derecho irrenunciable si pretendemos mantener la dignidad de la existencia. Ser hijos también es un derecho ejercido desde el reconocimiento del dolor frustrado. Nuestros muertos verdean por campos fecundados de memoria. Siguen aquí, frente al dictador muerto, exhibiendo el futuro que soñaron. Han vuelto a renacer. Del Valle de los Caídos no emerge vida. Pesan demasiado el granito y el cemento. Por las tapias de antiguos cementerios se escala hasta la luz liberadora.

Rafael Fernando Navarro es filósofo
 
http://www.elplural.com/opinion/detail.php?id=45780

Batasuna reprocha a ETA por primera vez el fin de la tregua

Descarta la violencia como "forma de lucha" y apuesta "exclusivamente" por las vías políticas

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Los portavoces de la izquierda abertzale Txelui Moreno (4i) y Karmele Aierbe (3d) durante el acto realizado en Pamplona. - EFE

GUILLERMO MALAINA - Pamplona - 24/04/2010 17:51

La izquierda abertzale ha declarado, por primera vez en su historia, que "el proceso de liberación nacional y social [de Euskadi] debe basarse en la actividad exclusivamente política". En un acto celebrado en Pamplona con la presencia de alrededor de 200 militantes de distintas generaciones, emplazó además directamente a ETA a abrir un alto el fuego, convencida de que la "reanudación de las acciones armadas" y la "actividad represiva" del Gobierno, tras el frustrado proceso de paz, han motivado un "escenario de colapso".
La ilegalizada Batasuna dio así un paso más en la dinámica abierta en noviembre, con la presentación de la propuesta de Alsasua, que ratificó en febrero, al final de su debate, con la aprobación de la resolución Zutik Euskal Herria (Euskal Herria en pie). Su objetivo es fijar una "estrategia eficaz" que le permita, por un lado, recuperar el pulso político con su vuelta a las instituciones y, por otro, impulsar un "proceso democrático" de diálogo sin ningún tipo de violencia.
El nuevo mojón en ese camino es el documento presentado, con el título Tras las conclusiones, el camino y los pasos. La izquierda abertzale, en marcha, en un acto similar al celebrado en Alsasua, cinco meses atrás. Entre los presentes, estaban Rufi Etxeberria, Jone Goirizelaia, Santi Kiroga, Amparo Lasheras, Txelui Moreno y Karmele Aierbe.

El nuevo texto no condena a ETA pero pide un "alto el fuego"

El nuevo texto político, de cuatro páginas, no recoge la condena a ETA reclamada por los partidos, y reivindica que la "lucha" de la izquierda abertzale los últimos 30 años ha permitido crear las "condiciones objetivas" para situar el "proceso de liberación nacional" en una "nueva fase política". Llegado a este punto, la izquierda abertzale introduce una de las principales aportaciones de su nuevo documento político. En concreto, defiende que "el cambio de ciclo que se abre ahora concierne también a las formas y métodos de lucha. Así, el proceso de liberación nacional y social debe basarse en la actividad exclusivamente política, y tomar como únicos instrumentos la lucha de masas, la lucha institucional y la lucha ideológica, la modificación de la correlación de fuerzas y la búsqueda del apoyo internacional".

"Una decisión unilateral"

En el texto, la ilegalizada Batasuna recuerda en esa línea que su apuesta por un "proceso democrático" es una "decisión unilateral", sostiene que la "única garantía para su desarrollo real" es la "acumulación de fuerzas" y concluye que esta sólo podrá lograr sus "objetivos políticos" con una estrategia desarrollada "en exclusiva por las vías políticas".
La izquierda abertzale también fue más allá sobre lo dicho hasta ahora en relación a la declaración de Bruselas suscrita el 29 de marzo por cuatro premios Nobel de la Paz, la Fundación Nelson Mandela y ex líderes irlandeses, entre otros, a favor de que ETA declare un alto el fuego y que el Gobierno responda adecuadamente. Por primera vez, la izquierda abertzale instó directamente a la banda a abrir una tregua: "Los emplazamientos hechos públicos por las personalidades que firman la declaración de Bruselas, tanto a ETA como al Gobierno español, deberían ser atendidos por ambos de forma constructiva".

Deposita en la "suma de fuerzas" sus esperanzas para otro proceso de paz

Sobre este punto, la ilegalizada Batasuna insistió en que un eventual proceso de paz en el futuro debería seguir el modelo de Anoeta, que establecía dos mesas: una entre ETA y el Gobierno [sobre el abandono de las armas, los presos y las víctimas] y otra con los partidos políticos. En esta, se debatiría una solución para el final del "conflicto vasco". Con este planteamiento en mente, otra novedad del nuevo documento radica en que la izquierda abertzale cuestiona por igual el proceder desde entonces del Gobierno y de ETA: "La experiencia demuestra que el esquema ante los desacuerdos que ha pivotado, por parte del Estado, sobre la activación represiva y, por parte de ETA, sobre la reanudación de las acciones armadas, lejos de solucionar los bloqueos de diálogo, no ha hecho sino producir un bloqueo superior, que ha llevado a las partes a posiciones alejadas de la solución y a un escenario de colapso".

Los principios de Mitchell

La ilegalizada Batasuna apuesta así por superar "este esquema" y sugiere, sin citarlos expresamente, que ETA y el Ejecutivo español deberían asumir para propiciar otro proceso los principios del senador Mitchell. Estos favorecieron el proceso de paz en Irlanda.
Cabe reseñar que, en el documento, la izquierda abertza-le sólo cuestiona del frustrado proceso de paz el resultado de la mesa prevista entre ETA y el Gobierno. Sin embargo, no hace ni una crítica sobre cómo discurrieron las conversaciones entre los partidos en Loiola. Tal omisión va en la línea de la tesis de Arnaldo Otegi, convencido de que Loiola dio frutos. Según defendía hasta su ingreso en prisión, en octubre, el proceso sirvió para poner las piezas "del conflicto" en la mesa y sólo faltaba ordenarlas.
La izquierda abertzale reserva en su estrategia futura un papel fundamental a la movilización social. Tras el anterior proceso de paz, llegó a la conclusión de que no se hubiera frustrado con tanta facilidad de haberse producido esa activación de la sociedad. Ahora, plantea por ello que este es el primer paso para abrir un proceso de diálogo. Pide "una presión popular que complique la posición de quienes quieran instaurar situaciones de bloqueo, y haga inviables las imposiciones y las injerencias".

 http://estaticos.publico.es/estaticos/pdf/ficheros/pdf/25042010.pdf?r=01

España y la memoria histórica

De La Jornada, México, Domingo 25 de Abril de 2010

 

Después de más de dos semanas que el Tribunal Supremo dio entrada a una denuncia contra el juez de la Audiencia Española, Baltasar Garzón, por presunta prevaricación en sus investigaciones de crímenes del franquismo, decenas de miles de personas se congregaron ayer en Madrid y otras ciudades para protestar contra ese proceso. El acto, que originalmente se pensó como una muestra de apoyo al magistrado, derivó, sin embargo, en reclamo masivo de justicia para las víctimas de la dictadura, en expresión de hartazgo por la impunidad que prevalece más de tres décadas después de la muerte de Francisco Franco, y en acto de reivindicación de la república española.

Las consignas expresadas ponen de relieve la indignación generalizada por parte de la sociedad española, que va mucho más allá de la coyuntura y se centra en la exasperante demostración del peso y la influencia que el fascismo sigue teniendo en la institucionalidad de ese país: la incrustación de cuadros franquistas en posiciones encumbradas de la vida democrática en la nación ibérica hace obligado recordar las declaraciones del propio Francisco Franco poco antes de morir, cuando dijo, en relación con el futuro de España: todo está atado, y bien atado. Por añadidura, las resistencias a investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura ponen en tela de juicio la institucionalidad emanada de la transición de ese país –la cual, a lo que puede verse, tuvo como propóstio la consigna de hacer borrón y cuenta nueva entre víctimas y victimarios–, y muestran la omisión de un esclarecimiento histórico de los crímenes perpetrados por el antiguo régimen como rezago principal de ese proceso, cuya atención resulta por demás ineludible.

Según puede verse, la persistencia de tales elementos ha logrado articular expresiones progresistas diversas de la política y la sociedad españolas. En ese sentido, y como se observó en las movilizaciones de ayer, más allá del apoyo coyuntural a la figura del juez Garzón, la nación ibérica asiste a una etapa de exaltación, por parte de buena porción de habitantes, de la memoria histórica y la justicia, y de repudio a la impunidad en España. Asimismo, la polémica acerca de las acusaciones contra el juez ha sentado una nueva demostración de la inveterada fractura ideológica, política y social entre una España cavernaria y autoritaria –encarnada ayer en las movilizaciones, mucho menos numerosas, de falangistas en respaldo del proceso contra Garzón–, y otra progresista, tolerante y moderna.
Para finalizar, no deja de ser significativo que algunas de las principales consignas expresadas en las movilizaciones de ayer, en concreto la reivindicación de la república, parecieran no tener cabida en las plataformas programáticas de las dos principales fuerzas políticas de España: el gobernante Partido Socialista Obrero Español, que carga con el estigma de haber apoyado la Ley de Amnistía de 1977 –que ha sido interpretada por distintas instancias internacionales como ley de punto final– y de brindar su apoyo a la monarquía, y el Partido Popular, heredero del franquismo que, en años recientes, ha experimentando una regresión del centro-derecha a la franca reacción ultraconservadora.

http://www.jornada.unam.mx/2010/04/25/index.php?section=opinion&article=002a1edi

Yo discrepo pero no prevarico

El País
CLARA BAYARRI 22/04/2010

Iva Zanicchi desgranaba con voz aterciopelada la letra de una canción en la que se describía el horror y lo absurdo de las guerras. A nada conduce el enfrentamiento crispado, el agrio exabrupto, la belicosidad visceral.... sólo a la involución. Yo no quiero volver a "la orilla blanca, la orilla negra" que cantaba en los años sesenta la bellísima italiana, ni quiero que se me adjudiquen banderas que limiten mi percepción del paisaje. Quiero poder discrepar, con honestidad, y con absoluto respeto a la opinión de los otros. Pero quiero también que se respete mi discrepancia con idéntica empatía.

En derecho, la discrepancia es algo normal y, hasta diría que útil, saludable y necesario. Hasta tal punto normal que los tribunales colegiados se han constituido por ley siempre en número impar para que, previendo las seguras discrepancias, nunca pueda producirse un empate que paralice la adopción de resoluciones. Tan previsto está en la ley que jueces y tribunales discrepemos entre nosotros sobre una determinada interpretación legal o respecto a la valoración de las pruebas que la figura del "voto particular" está detallada y expresamente regulada. Así, si el que discrepa del parecer de la mayoría es el designado ponente de la causa (el encargado del trámite y de redactar la sentencia), éste tiene obligación de formular un voto particular respecto de la resolución que se dicte: "Si... no se conformare con el voto de la mayoría, declinará la redacción de la resolución, debiendo formular motivadamente su voto particular" (artículo 206 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).
Cuando el que discrepe de la opinión mayoritaria sea uno de los magistrados que no tiene encomendada la redacción de la sentencia, podrá firmar la sentencia, aunque no esté de acuerdo con ella, o formular voto particular en el que formule las razones de su discrepancia (artículo 260 LOPJ). En uso de este derecho, formulamos, otros compañeros y yo, un voto particular el 4 de diciembre de 2008 frente al auto de 2 de diciembre de 2008 del Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional que declaró la incompetencia del magistrado juez de Instrucción Central nº 5, D. Baltasar Garzón, en el Sumario 53/2008 y ello, además de por razones procesales, por la firme convicción de que la Audiencia Nacional es la competente para la investigación de los delitos de lesa humanidad y genocidio que la sistemática y masiva eliminación de adversarios políticos que se verificó en nuestro país tras la Guerra Civil constituye.

Soy, sí, una discrepante. No estimo por ello que mis compañeros de tribunal sean unos ignorantes o unos prevaricadores: sencillamente, interpretan la ley de modo diferente al mío. Soy una discrepante, sí, pero no soy por ello una grosera ignorante de la legalidad ni una prevaricadora: el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los jueces y tribunales no aplicarán las leyes y normas contrarias a la Constitución, y el artículo 10.2 de la Constitución establece que las normas relativas a la interpretación de los derechos fundamentales (y el derecho a la tutela judicial efectiva lo es) se interpretarán conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los tratados y convenios internacionales ratificados por España. No soy un enemigo a abatir. Ni tan siquiera un adversario. Soy una discrepante. Nada más. Nada menos. Soy una discrepante, sí. Y a mucha honra.

Clara Bayarri, magistrada de la Audiencia Nacional, emitió un voto particular discrepante, junto a Ricardo de Prada y Ramón Sáez, en el que se mostraba partidaria de la competencia de la Audiencia Nacional para investigar los crímenes del franquismo.

http://www.elpais.com/articulo/espana/discrepo/prevarico/elpepiesp/20100422elpepinac_4/Tes

Asociación Pozos de Caudé: VI JORNADAS MEMORIA HISTÓRICA 2010

El blog de IU Teruel

En el Salón de Actos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de Teruel

Lunes 26 de abril
18.30 h.- Inauguración de las Jornadas.
Con la presencia de representantes de la Universidad de Zaragoza en Teruel, Diputación Provincial de Teruel, Ayuntamiento de Teruel, DGA Patrimonio, Instituto de Estudios Turolenses, Comarca de Teruel y Subdelegación del Gobierno en Teruel.

18.45 h.- Presentación del libro “La II Republica en Tierras del Jiloca”. Por Serafín Aldecoa Calvo, Profesor en el Instituto “Vega del Turia”.

19.30 h.- “La Memoria Histórica. Historia de un Movimiento Social”. Por Santiago Macia, periodista y miembro de la Asociación de la Memoria Histórica.

Martes 27 de abril
18.30 h.- Mesa redonda: “Con los Abuelos Republicanos”, Por Jerónimo Barquero (Bronchales), Jaures Sánchez (Teruel) y Pablo Marco (Calamocha).

19.30 h.- “La Educación durante la Guerra Civil Española”. Por Amparo Sánchez Martín, Profesora de la Universidad de Zaragoza en Teruel.

Miércoles 28 de abril
18.30 h.- “Aragón bajo las bombas - Importancia de los bombardeos aéreos en Aragón”. Por José Mª Maldonado, Profesor e Historiador.
19.30 h.- “Memorias de las Guerras y las Dictaduras en el Siglo XX”. Por Ángela Cenarro, Profesora de la Universidad de Zaragoza.

Jueves 29 de abril
18.30 h.- “El Juez Garzón o el Experimento de la Justicia Española”. Por Fernando Magán, Abogado.
19.30 h.- “Justicia, Historia y Reconciliación”. Por Eligio Hernández Gutiérrez, Fiscal.
En los Pozos de Caudé

Sábado 1 de mayo
09,30 h.- Recepción de Asistentes.
10,30 h.- Presentación - Vídeo sobre familiares de los fusilados, en pueblos.
11,00 h.- Homenajes a:
• Los socios fallecidos de nuestra Asociación.
• Los Guerrilleros fallecidos, Florián “El Grande” y José Montorio “El Chaval”.
• Homenaje a los fusilados Republicanos, colocación de Placas y Coronas de Flores en su memoria.
11,30 h.- Conmemorando el Centenario del nacimiento de Miguel Hernández, lectura de alguno de sus poemas.
12,00 h.- Información sobre la fosa aparecida junto a la vía del ferrocarril (Caudé). Por Javier Herrero, Arqueólogo.
12,30 h.- Concentración con los Sindicatos CC.OO y UGT, así como con los familiares y simpatizantes. 13,00 h.- Lectura del Manifiesto.

14,00 h.- Clausura del acto y despedida de asistentes

En el Salón de Actos del Instituto Vega del Turia

Miércoles 12 de mayo
19,00 h.- Charla Concierto con la actuación del grupo de rock “BARRICADA” y presentación de su libro, “La Tierra esta Sorda”.BARRICADA
Las entradas se recogerán durante los días 26, 27, 28 y 29 de abril en el salón de actos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de Teruel, de 18.30 a 20.30 horas.
Organiza la Asociación Pozos de Caudé

http://iuteruel.blogia.com/2010/042201-asociacion-pozos-de-caude-vi-jornadas-memoria-historica-2010.php

Proposición de Ley de modificación de la Ley 46/1977 de 15 de octubre de Amnistía

Izquierda Unida, 20-04-2010 - 22 Abril 2010

Texto Íntegro

TEXTO ÍNTEGRO DE LA PROPOSICIÓN DE LEY DE IU PARA MODIFICAR LA LEY 46/1977 DE AMNISTÍA RECISTRADO HOY (Martes, 20)

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republica – Izquierda Unida – Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición de Ley de modificación de la Ley 46/1977 de 15 de octubre de Amnistía, para su debate en el Pleno de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados
Madrid, a 20 de abril de 2010

ANTECEDENTES
1. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 16/12/1966
2. Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales
3. Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 47/1993 de 18 de diciembre de 1993
4. Recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU para garantizar que los tribunales nacionales no apliquen los plazos de prescripción a los delitos de lesa humanidad
5. Constitución Española

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley 46/1977 de Amnistía no puede servir de excusa para impedir la persecución de las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista.
La Ley de Amnistía fue aprobada fundamentalmente para amnistiar a quienes, hasta el momento de su aprobación, habían sido o podían ser condenados por la aplicación de las propias leyes de la dictadura. Esta Ley buscó la amnistía para las conductas seguidas por quienes, vulnerando la legalidad franquista, habían luchado por el fin del régimen totalitario y la instauración en España de la libertad y la democracia.
En consecuencia no puede admitirse la interpretación de que la Ley 46/1997 tenía la finalidad de evitar la aplicación de las normas básicas del derecho internacional en todo lo referente a los denominados delitos de lesa humanidad. Aun cuando alguien hubiera pretendido tal finalidad, la Ley de Amnistía no puede ser considerada válida y suficiente a esos efectos, por aplicación de los más elementales principios de justicia universal, reiteradamente aplicados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (entre otros, y como uno de los primeros pronunciamientos en este sentido, el referido a la condena por la justicia francesa de Maurice Papon) .
Con esta proposición de ley se pretenden cortar de raíz las dudas o interpretaciones de la Ley de Amnistía que avalan la impunidad de quienes han cometido actos de graves violaciones de derechos humanos en nuestro país y , consecuentemente, evitan la reparación plena de las víctimas de tales actos.
Impedir el derecho de las víctimas o sus descendientes a ser oídas y a acudir a los tribunales para juzgar a los responsables de los crímenes contra la humanidad cometidos durante el franquismo o para conseguir la recuperación de los restos de las personas asesinadas o desaparecidas forzadamente, sería tanto como colocar a España en la cola de los países que han conseguido transiciones de regímenes dictatoriales a democracias parlamentarias.
Son numerosos los ejemplos en los que leyes aprobadas antes de la instauración de la democracia, han sido dejadas sin efecto precisamente en atención a la gravedad de los delitos perpetrados en las dictaduras previas y a la necesidad de reparación a las víctimas y la conveniencia del conocimiento de la verdad y la restitución de la memoria histórica, elementos todos ellos necesarios también para evitar la repetición de esas experiencias traumáticas y minimizar las adhesiones a postulados totalitarios y degradantes de la condición humana.
Si estos ejemplos de salud democrática se han dado en numerosos países, con más razón debe quedar clara la voluntad del legislador español de evitar la exoneración de responsabilidades penales y la rehabilitación de las víctimas y sus descendientes, dada la inexistencia en nuestro país de una ley de “punto final”.
Avalando la idea de que la Ley de Amnistía no está contemplada para dejar impune los crímenes más graves cometidos durante el franquismo, nos encontramos con la plena aplicación la legislación internacional en materia de derechos humanos y crímenes contra la humanidad. Dicha Ley de Amnistía no puede ser obstáculo a la persecución de dichos delitos.
En este sentido hay que recordar que meses antes de la aprobación de la Ley 46/1977 de Amnistía, España suscribe el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, que fue publicado en el BOE el 30 de abril de 1997. Su artículo 15.2 afirma que la irretroactividad de las normas penales no serán aplicables para impedir el juicio ni la condena “de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional”
En el mismo sentido se pronuncia el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, cuyo artículo 7.2 reitera la misma idea con expresiones similares, al decir que la irretroactividad de las normas penales no impedirán “el juicio o la condena de una persona culpable de una acción o de una omisión que, en el momento de su comisión, constituía delito según los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas”
La posterior Resolución 47/133 de la ONU de fecha 18 de diciembre de 1992, mediante la que se aprueba la Declaración obre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas afirma textualmente en su artículo 13 lo siguiente:
“ 1. Los Estados asegurarán a toda persona que disponga de la información o tenga un interés legítimo y sostenga que una persona ha sido objeto de desaparición forzada el derecho a denunciar los hechos ante una autoridad estatal competente e independiente, la cual procederá de inmediato a hacer una investigación exhaustiva e imparcial. Toda vez que existan motivos para creer que una persona ha sido objeto de desaparición forzada, el Estado remitirá sin demora el asunto a dicha autoridad para que inicie una investigación, aun cuando no se haya presentado ninguna denuncia formal. Esa investigación no podrá ser limitada u obstaculizada de manera alguna.
2. Los Estados velarán por que la autoridad competente disponga de las facultades y los recursos necesarios para llevar a cabo la investigación, incluidas las facultades necesarias para exigir la comparecencia de testigos y la presentación de pruebas pertinentes, así como para proceder sin demora a visitar lugares.
3. Se tomarán disposiciones para que todos los que participen en la investigación, incluidos el denunciante, el abogado, los testigos y los que realizan la investigación, estén protegidos de todo maltrato y todo acto de intimidación o represalia.
4. Los resultados de la investigación se comunicarán a todas las personas interesadas, a su solicitud, a menos que con ello se obstaculice la instrucción de una causa penal en curso.
5. Se tomarán disposiciones para garantizar que todo maltrato, todo acto de intimidación o de represalia, así como toda forma de injerencias, en ocasión de la presentación de una denuncia o durante el procedimiento de investigación, sean castigados como corresponda.
6. Deberá poderse hacer una investigación, con arreglo a las modalidades descritas en los párrafos que anteceden, mientras no se haya aclarado la suerte de la víctima de una desaparición forzada.

Continúa dicha Declaración afirmando en su artículo 17 que “todo acto de desaparición forzada será considerado delito permanente mientras sus autores continúen ocultando la suerte y el paradero de la persona desaparecida y mientras no se hayan esclarecido los hechos.”
Esta Declaración afirma también, en su artículo 18, que “los autores o presuntos autores de actos previstos en el párrafo 1 del artículo 4 supra no se beneficiarán de ninguna ley de amnistía especial u otras medidas análogas que tengan por efecto exonerarlos de cualquier procedimiento o sanción penal.”
Incidiendo en la regulación de hechos ocurridos en España durante el régimen franquista, se dice en el artículo 19 de esta Declaración de la ONU que “Las víctimas de actos de desaparición forzada y sus familiares deberán obtener reparación y tendrán derecho a ser indemnizadas de una manera adecuada y a disponer de los medios que les aseguren una readaptación tan completa como sea posible. En caso de fallecimiento de la víctima a consecuencia de su desaparición forzada, su familia tendrá igualmente derecho a indemnización.” A continuación, en su artículo 20, incide en que “Los Estados prevendrán y reprimirán la apropiación de hijos de padres de víctimas de una desaparición forzada o de niños nacidos durante el cautiverio de sus madres víctimas de la desaparición forzada y se esforzarán por buscar e identificar a esos niños para restituirlos a su familia de origen.”
En aplicación de toda esta normativa internacional, el Comité de Derecho de Naciones Unidas ha advertido “más de quince veces” que las autoamnistías no están contempladas, al mismo tiempo que ha pedido a España, al menos cuatro veces, que no considere a la Ley de Amnistía como un obstáculo para juzgar los crímenes contra la humanidad que hubieran podido ser cometidos en nuestro país.
En España podemos estar hablando de cerca de 114.000 desparecidos y de miles de menores que fueron arrebatados a sus familiares. Pretender que hechos de esta naturaleza, que repugnan a cualquier conciencia mínimamente humanitaria, queden fuera del alcance de la justicia española, contraviniendo todas las normas internacionales mencionadas mediante una torticera interpretación de la Ley de Amnistía, es lo que este Grupo Parlamentario intenta impedir con la presentación de esta Proposición de Ley.
El reforzamiento de los valores democráticos y de defensa de las libertades exige el conocimiento de la verdad, la reparación de las víctimas y la persecución de todos los actos que hayan supuesto graves violaciones colectivas de los derechos humanos, puesto que éstas no afectan sólo a las personas de un país concreto, sino que lesionan al conjunto de la humanidad.

Proposición de Ley
Artículo primero. Se añade un nuevo artículo Quinto bis a la Ley 46/1997. con el siguiente tenor literal:

“Quinto bis.
1. En ningún caso será de aplicación la amnistía a los actos criminales de genocidio o de lesa humanidad cometidos con anterioridad a la presente ley.
2. Por genocidio se entienden, a los efectos de esta ley, los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal:
a) Matanza de miembros del grupo;
b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;
c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;
d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo;
e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.
3. Por crímenes de lesa humanidad se entiende, a los efectos de esta Ley, cualquiera de los actos siguientes cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:
a) Asesinato;
b) Exterminio;

c) Esclavitud;
d) Deportación o traslado forzoso de población;
e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional;
f) Tortura;
g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable;
h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional
i) Desaparición forzada de personas;
j) El crimen de apartheid;
k) Otros actos inhumanos de carácter similar que hubieren causado intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.”

Artículo segundo. Se añade una Disposición Adicional a la Ley 46/1997 con el siguiente texto:
“DISPOSICION ADICIONAL
Cualquier resolución judicial o acto administrativo dictado contraviniendo la presente Ley podrá ser revisado en cumplimiento de la misma.”
http://www.foroporlamemoria.info/2010/04/proposicion-de-ley-de-modificacion-de-la-ley-461977-de-15-de-octubre-de-amnistia/

El gran lastre para el PP de Rajoy: ¡Váyase, señor Aznar!

En Elplural.com

¿El ex presidente, padrino político de la Gürtel?

¡Vaya semanitas que ha tenido que soportar Rajoy! Incluso la prensa conservadora británica ha tomado buena nota de su escaso reprise, el del comandante en jefe (teórico) de la derecha española, ante ese leviatán que empieza a zamparse todo y que se llama Gürtel. Pero los análisis hay que hacerlos en toda su extensión y no que la proximidad de los árboles impida contemplar el bosque en su conjunto.

Zapatero tuvo la enorme ventaja de que Felipe González, cuando decidió retirarse, lo hizo de verdad y decidió no ejercer de policía de nadie. Todo lo contrario que Mariano Rajoy que al no conseguir el liderazgo de la derecha en buena lid, sino que fue impuesto por el dedo otrora poderoso de José María Aznar, ha tenido que sufrir y seguir soportando la insoportable levedad de su padre putativo político.

Vigía contra la corrupción Pero todavía resuenan en genovatrece las frases del ex presidente en ese aquelarre que organizó FAES y pagaron los contribuyentes españoles en la Torre del Oro de Sevilla. Frases que aleccionaban acerca de mantenerse de vigía contra la corrupción. Y lo hacía él, el gran padrino político de la Gurtel; el mismo que pidió a Correa que contratara a su secretario particular Antonio Cámara; el mismo que pidió a Blanco Balín, Correa y Agag que con dinero de Repsol intentaran manipular las elecciones venezolanas; el mismo que autorizó e incluso pidió a El Bigotes que trabajara en exclusiva para Ana Botella.

El ayudante que se convirtió en yerno Y por decirlo todo, él fue el presidente del Gobierno que tenía a un ayudante personal, Alejandro Agag, que luego se convirtió en su yerno, que mediaba internacionalmente a favor de Correa. Y esta es la verdad. Y la verdad es siempre la verdad.

Furor antiaznar Pues eso, los nuevos dirigentes del PP están que trinan. Trinando. ¿Cómo se atreve a darnos lecciones? Pero si a nosotros ningún Correa nos ha organizado la boda de nuestra hija. O, ¿habría que decir “pagado”? Todo se andará. Nadie en su sano juicio quiere que el ex presidente siga mandando. Y a fe que lo intenta con distintos actores, pero casi siempre los mismos: son los flecos de la Gürtel y antes del caso Naseiro.

Tal y como están las cosas en la derecha, lo de Aznar no tiene un paso. Es una rémora clara, una losa muy pesada y alguien debería ponerle finalmente en su sitio.

Rajoy no lo hará en cualquier caso. Peor para él.

El comunicado del acaudalado Cuando la cadena SER tuvo conocimiento de una carta de una empresaria francesa amiga de Agag ( o de su madre) en la que quedaba al descubierto la conexión del yernísimo con el jefe de la trama mafiosa, todo empezaba a estar más claro. Y acto seguido, el avispado marido de Ana Aznar hizo público un comunicado que dejaba al descubierto las miserias de este sujeto. ¿Te has creído que el pueblo español, del que tú te has burlado en numerosas ocasiones, es tonto del culo? Explica de dónde sale tu considerable fortuna y déjate de mandangas. Por cierto, a ver si con ese enorme dineral que acumulas te pagas un profesor de gramática que sepa poner sujeto, verbo y predicado.

La gran vida Explica acto seguido, Agag, de dónde sale tanto jurdó para pegarte la gran vida estentórea, tu mansión londinense, etc, etc, etc.. Yo no sé si finalmente el juez de la Gürtel acabará echándote el lazo judicial, pero la opinión pública sabe perfectamente que tú has estado en el epicentro de todo esto, que eras amigo de Don Vito y que les ayudaste en sus asquerosos negocios. Salvo, claro está que fueras también bobo de capirote. Y esto es algo que nadie estima y mucho menos el que este artículo firma. ¡Sabías perfectamente al árbol al que te arrimabas! ¡Hasta te casaste con su bella hija!

Y hay también otra cosa cierta: en el PP de Rajoy y de Cospedal ni a ti ni a tú suegro quieren veros ya ni en pintura. ¡Iros!

Graciano Palomo es periodista y escritor, director de FUNDALIA y editor de IBERCAMPUS.ES

http://www.elplural.com/politica/detail.php?id=45540

Lo llaman Justicia, pero no lo es

De Público.es, La Trinchera Digital


Un Estado democrático tiene la obligación de eliminar cualquier obstáculo legal y facilitar todos los medios económicos necesarios para que los familiares de las víctimas de una dictadura puedan encontrar a sus muertos, darles sepultura e investigar qué ocurrió para que terminaran en una cuneta. Esta afirmación es tan de sentido común, que parece imposible que genere cualquier tipo de polémica pública. Pero España, en muchas cosas, sigue siendo diferente. Aquí hay una parte de la derecha, que ocupa importantes parcelas del poder político, mediático y judicial, instalada en el sectarismo más cerril. Un sectarismo que le permite defender, impasible el ademán, que no hay necesidad alguna de enterrar dignamente a los muertos. Los muertos de los demás, claro.

España sigue siendo diferente porque aquí no ha existido una comisión de la verdad, aquí no se ha juzgado a quienes cometieron crímenes contra los derechos humanos, aquí no se ha reparado la memoria de las víctimas. Y, para cerrar el círculo del despropósito, cuando a un juez se le ha ocurrido iniciar esa investigación de los crímenes franquistas, resulta que termina en el banquillo acusado por la misma organización falangista que participó en el genocidio. ¡Cómo no van a estar perplejos desde Nueva York hasta Sidney!

El resultado no puede ser más desolador: desactivada la causa iniciada por el magistrado Baltasar Garzón, la mayoría de los jueces locales están archivando las denuncias sin tomarse ni siquiera la molestia de investigar los crímenes. Lo llaman Justicia, pero no lo es.

http://trincheradigital.com/?p=1399

‘Esperpento’ español contra Baltasar Garzón

De Radio Nederland

Publicado el : 11 Febrero 2010 – 12:22 de la tarde
Por Robbert Bosschart (http://www.wikimedia.org/)

El Consejo General del Poder Judicial ha iniciado un procedimiento con el objetivo de suspender al juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, por causas que se han abierto en su contra.

España es la cuna del ‘esperpento’: un género literario que, según explica la Real Academia de la Lengua, “deforma sistemáticamente la realidad, recargando sus rasgos grotescos y absurdos”.

Pues ahora mismo, posiblemente para evitar que decaigan las tradiciones, los máximos dirigentes de la judicatura en España están ofreciendo al mundo un perfecto ejemplo de esperpento.

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En un procedimiento absurdo y grotesco, deformando la realidad hasta el punto de saltarse a la torera, muy español también eso, sus propias reglas, el Consejo General del Poder Judicial quiere suspender al juez Baltasar Garzón. Es decir, apartar de su trabajo, aunque sea temporalmente, al juez que mandó arrestar al dictador Pinochet.

Desde luego que no es lo único que ha hecho el juez Garzón, quien, recientemente, destapó una trama de corrupción en el principal partido de la oposición, los conservadores del Partido Popular. Con el dinero de los contribuyentes adjudicaban ricos contratos a sus amigos; un “todo vale” que incluso alcanzaba la organización de una visita del Papa a España. Paralelamente, en otro caso, el juez intentó investigar crímenes cometidos por la dictadura de Franco, que dejó miles de “desaparecidos” entre sus adversarios, asesinándolos y enterrándolos en las cunetas de los caminos durante la guerra civil. A nadie le extraña que los conservadores no le perdonan a Garzón ni lo uno ni lo otro.

Aún más extraño es que tampoco le perdonen sus ex-compañeros del partido socialista español. “Ex compañeros” en el sentido de que Garzón desempeñó un alto cargo en un Gobierno socialista anterior, para posteriormente regresar a la carrera judicial y amargarles la vida con procesos por abuso de poder, sobretodo en los ministerios de Justicia y de Interior. Algunos y algunas rivales de Garzón de aquella época se sientan hoy en el Consejo General del Poder Judicial, lo cual explica parte del esperpento que España está viviendo ahora.

La otra parte de esta “realidad absurda” tiene su origen en cuestiones que superan los límites de los odios personales y de una época más alejada: la famosa Transición Española, cuando se pasó de la dictadura a la democracia. Para conservar la ‘santa paz’ en casa, España decidió que no habría venganzas, ni apenas limpiezas en el aparato del Estado, sobretodo en la judicatura, donde no hubo “borrón y cuenta nueva” y los jueces seguían siendo los que Franco había nombrado y, en buena parte, son ahora los sucesores que esos jueces conservadores han promovido a los mejores cargos en su profesión. Es decir que la judicatura española es, y quiere seguir siéndolo, mucho más conservadora que la sociedad a la que debe servir. Por ejemplo, bloqueando el ascenso de jueces progresistas o que no son “controlables” por los conservadores.

Y aquí tenemos a Garzón, quien, a pesar de sus defectos (que los tiene: le gusta demasiado su status de ‘juez estrella’) es claramente el mejor candidato para presidir el tribunal donde trabaja desde hace años, la Audiencia Nacional. O quizás deberíamos decir “era” el mejor candidato, porque todo este esperpento que hoy se está viendo, tiene el clarísimo objetivo de impedir la promoción de Garzón.
Acabo de escuchar al presidente del Parlamento español, José Bono, quien calificó de insostenible esta caza de brujas contra Garzón. Tiene razón, ya que se basa en una acusación de una persona privada en la extrema derecha española, quien afirma, contradiciendo la opinión de los fiscales del Estado, que Garzón no tenía derecho a abrir el caso de las desapariciones de la época franquista.

Y luego añade otra acusación, dudosa pero muy al gusto del momento, según la cual el juez había cerrado un proceso contra el prepotente banquero Emilio Botín, del Banco de Santander, unos meses después de que el mismo banco patrocinara un evento cultural en Nueva York protagonizado por Garzón.

Dicho así, suena mucho peor que la simple realidad. En un seminario al que logró que asistieran personalidades norteamericanas de primer orden, Garzón dictó unas conferencias sobre la acción judicial contra el terrorismo. Pese a que la reunión era muy favorable para la reputación de España en los medios jurídicos internacionales, el Gobierno de Madrid no podía financiar el seminario. Así que se resolvió, como es normal en Estados Unidos, acudiendo a un patrocinador, en este caso, el banco.

Unos meses después llegó a su fin el larguísimo trámite de un pleito en España contra el banquero Botín, quien evidentemente disponía del mejor equipo de abogados que, con dinero, se puede contratar, y había reunido todos los argumentos necesarios para que el caso fuese cerrado. Así lo hizo Garzón, y, en su momento, a nadie le pareció mal. Pero ahora sirve como excusa añadida para que el Consejo General del Poder Judicial se dé el gusto de suspender a Garzón.

Hasta ahora, esta medida nunca se había tomado contra un juez basándose exclusivamente en acusaciones privadas que no han conducido a una condena. Por el contrario, todo indica que la sentencia, en los dos casos, acabará por dar la razón a Garzón. Sin embargo, el Consejo General tiene prisas por apartar de su trabajo al ‘juez estrella’. No vaya a ser que lo haga tan bien, que éste acabe presidiendo el mismo consejo.

Verdad y justicia para Rachel Corrie

01 Abr 2010

De Público.es 

CARMEN MAGALLÓN
Directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz


En estos días se ha reabierto el caso de Rachel Corrie, activista no violenta estadounidense que en marzo de 2003 murió aplastada por una excavadora militar del ejército israelí mientras trataba de impedir, usando su cuerpo como escudo humano, la demolición de una casa palestina en Rafah, Gaza. Tenía 23 años y pertenecía al Movimiento de Solidaridad Internacional, que se define como liderado por palestinos y “comprometido con la resistencia a la ocupación israelí de tierra palestina mediante métodos y principios no violentos y de acción directa”. Sus vivencias y muerte en los Territorios Palestinos Ocupados, plasmadas en la obra de teatro Mi nombre es Rachel Corrie, son un punto de referencia para el compromiso por la causa palestina de mucha gente en el mundo.
Tras años sin obtener respuesta, la familia de Corrie presentó una demanda civil contra el Estado de Israel, con la esperanza de que en el juicio, celebrado en Haifa, se aclararan las circunstancias de su muerte y se responsabilizara de ella a las fuerzas armadas israelíes. Según un informe de Human Rights Watch, las investigaciones que Israel realizó sobre este asesinato “no llegan a cumplir con la transparencia, la imparcialidad y la exhaustividad exigidas por el derecho internacional”.
Desde 1967, además de miles de muertes, 24.145 viviendas palestinas han sido demolidas en los territorios ocupados, según cifras del Comité Israelí Contra la Demolición de Viviendas; de ellas, 4.247 lo fueron en el ataque militar contra Gaza de diciembre 2008, la llamada operación Plomo Fundido. Con esta demanda, dice la madre de la activista, no sólo tratamos de saber la verdad, sino también dar a conocer la situación de los palestinos, la dura vida de la población todavía sitiada de Gaza, los hechos e ideas que movilizaron a su hija.
Poco antes de su muerte, Rachel había escrito en un correo electrónico: “Me gustaría ver cada vez más gente dispuesta a resistir ante la dirección que está tomando el mundo, una dirección en la que nuestras experiencias personales son irrelevantes… nuestras comunidades nada importantes, nosotros impotentes, nuestro futuro es determinado por otros y el nivel más alto de humanidad se expresa a través de lo que elegimos comprar en un centro comercial”.
Si la paz no es solamente la ausencia de guerra y exige verdad, justicia y reparación, la cuestión es: ¿puede conseguirse la paz donde reina la impunidad?