La información es de los ciudadanos

16ENE2011

A veces uno no sabe qué es más incomprensible: si las decisiones que ha tomado el Gobierno socialista o las medidas que no ha adoptado. No se entiende que, además de imponer recortes sociales a las clases medias, no haya aprovechado para introducir un impuesto a los ricos o para aprobar nuevas tasas a las entidades financieras. No se entiende que haya sepultado la Ley de Libertad Religiosa, permitiendo que la Iglesia católica mantenga sus privilegios en vez de avanzar hacia una sociedad laica y tolerante. Y tampoco se entiende que haya decidido meter en el cajón de las promesas incumplidas la Ley de Transparencia, una iniciativa que encaja perfectamente en las políticas de ampliación de derechos impulsadas por Zapatero en su primera legislatura.

Claro que era previsible que, en una Administración acostumbrada durante siglos a una enorme opacidad, la idea de facilitar el acceso público a los documentos oficiales iba a levantar resistencias.
Pero la necesidad de aprobar una norma que regule ese derecho es facilísima de justificar: esa información es en realidad de los ciudadanos y los funcionarios sólo tienen la obligación de custodiarla, no de secuestrarla. Y, en una sociedad democrática, el conocimiento de esos documentos oficiales aporta dos grandes ventajas: la gente tiene más datos para formarse una opinión fundada sobre acontecimientos relevantes y las autoridades se comportan con mayor integridad y eficacia, conscientes de que sus actuaciones está sometidas al escrutinio público.

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